La burbuja inmobiliaria que se gesta a partir del año 1998 con la Ley 6/1998 del Gobierno Aznar, conocida como “Ley de Liberalización del Suelo“, aquellos polvos trajeron estos lodos, la crisis socioeconómica actual con un paro cercano a los seis millones de desempleados y que afecta sobremanera a los más jóvenes cuya tasa de paro es del 56,4%. Las medidas tomadas por nuestro Gobierno para paliar el deterioro social y económico, no afectan obviamente en igual proporción a la patronal, que deja de ganar, que el trabajador que lo pierde todo.
Recortes en las áreas sociales: sanidad “el copago”, educación “incremento de las tasas universitarias “y a la dependencia. Medidas políticas como la Ley Laboral que afectan a los derechos históricos de los trabajadores y por ende a sus salarios. Por último, aduce (el Gobierno) razones demográficas: baja tasa de natalidad y aumento de la esperanza de vida al nacer, para implantar una nueva Ley de Pensiones, cuyo objetivo no es otro que su capitalización mediante la suscripción de planes de pensiones privados.
No es que uno sea desconfiado pero resulta chocante, que una mayoría de los doce componentes que han elaborado el informe de sostenibilidad de las futuras pensiones, han estado a sueldo de la banca y compañías aseguradoras:
Víctor Pérez-Díaz. Presidente del comité de expertos impulsado por el Gobierno. Además de su actividad docente, ha formado parte de los consejos asesores de empresas como del despacho de abogados Uría Menéndez, Repsol, Fundación Caixa Galicia y Unespa, la patronal del seguro. Ha colaborado con FAES.
Rafael Doménech. Es el actual Jefe de Estudios del BBVA, y pertenece, como Pérez-Díaz, al Grupo de Reflexión de la patronal Unespa, que aboga por ampliar la edad de jubilación. Además, es miembro del Foro de Expertos del Instituto de la aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que defiende incrementar los planes de pensiones privados.
Manuel Lagares Calvo. Un clásico. Fue consejero independiente de la aseguradora Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
Mercedes Ayuso. Catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona, es miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros (Riskcenter, IREA-UB).
José Ignacio Conde-Ruiz. Es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a los grandes bancos y empresas españolas (Santander y La Caixa, Iberdrola, Repsol o la Fundación Ramón Areces).
José Enrique Devesa Carpio. Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, ha colaborado habitualmente con la Fundación Edad y Vida, que reúne en su patronato a las mayores aseguradores del país –DKV, Caser, VidaCaixa…–.
Blanco y en botella ¿Qué es?.
Si bien todo recorte en el área social provoca incomprensión, en lo que concierne a las pensiones genera estupor, máxime teniendo en cuenta que los pensionistas presentes y probables los futuros, son y serán el sostén económico de muchas familias en nuestra sociedad durante alguna década. Los datos estadísticos confirman una tendencia a la baja en el número de hijos por mujer, que ha disminuido de 1,44 en 2008, a 1,34 en 2011 y a 1,32 en 2012. Son cifras muy lejanas a la tasa de reposición (2,1 hijos) necesaria para mantener la población estable. El argumento del descenso de la natalidad es demoledor.
Pero no es menos cierto, que la esperanza vida al nacer, no deja de ser una probabilidad estadística, que determinados condicionantes la hacen zozobrar. Un factor determinante es el acceso a una sanidad pública de calidad y recursos sociales para las personas dependientes por minusvalías físicas y psíquicas. Es de sobra conocido el costo sanitario por persona. Es elevado en los cinco primeros años de vida y vuelve a repuntar de forma significativa a partir de la edad de sesenta años. El gasto farmacéutico en los rangos de edad (de 0 a 5 y de + 60) supone el doble que para el resto de la población.
Los últimos datos sobre el gasto sanitario en nuestro país confirman la tendencia regresiva iniciada en año 2010. Pasamos de un incremento de 6% en 2009 al -1,2% en año 2010 y -4,3 en el 2011. Si a esta regresión en gasto, que a todas luces parece no haber tocado fondo, le añadimos los copagos sanitarios, se puede deducir que la esperanza de vida se va a resentir, es más, resulta obvio que la tasa de mortalidad en los rangos de mayor edad (+ de 70 años) se verá incrementada.
¿Para qué modificar el sistema actual de las pensiones si la reducción de cotizantes se verá compensada en breve por el óbito de sus receptores?.
He aquí una muestra: Me comentaba un compañero un tanto sorprendido, que el médico de cabecera de su madre (mayor de 65 años), le había dado el alta por cura de una “Diabetes mellitus de tipo 2” a la que durante una década la habían recetado medicación y tiritas para el control de la glicemia, razón por la que le suspendía el tratamiento y los controles. El “copago” a su vez está generando que muchos pacientes pensionistas reduzcan sus tratamientos. ¿Doctor de todos los fármacos que preciso, cual es el imprescindible, ya que no puedo pagar el resto?
Dicen que: “La juventud es una enfermedad que el tiempo la cura”. A día de hoy, doy fe de ello. Para mi nueva dolencia “decrepitud” no hay esperanza. Una persona cercana, con la misma dolencia, me comentaba que ya estaba harta de tan larga espera y razonaba que si uno no puede aportar vida a los años qué sentido tiene tan larga espera. La hice ver que el “copago” sanitario implantado por nuestros gobernantes, no sin cierta ironía, era la repuesta a sus suplicas, pues más bien pronto que tarde” vera a Dios”, y la consolé.
